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La responsabilidad social corporativa (RSC) es un área de gestión empresarial que contribuye a conciliar los intereses empresariales con los valores y demandas de la sociedad. De este modo, una gestión empresarial socialmente responsable implica considerar los intereses de los diversos grupos con los que se relaciona, y se traduce en una visión de la actividad empresarial que integra armónicamente el desempeño económico y el respeto por los valores éticos, las personas, la comunidad y el medio ambiente.
Una definición ampliamente aceptada de responsabilidad social de la empresa es la adoptada por la Comisión Europea en su comunicación de 2 de julio de 2002, relativa a: “la integración voluntaria, por parte de las empresas, de objetivos sociales y medioambientales en sus operaciones comerciales y en sus relaciones con el resto de actores implicados”. La RSC fue promovida por Naciones Unidas en 1999, en el Foro Económico Mundial de Davos. Posteriormente, la Comisión Europea, en la Cumbre de Primavera de Lisboa de 2000, la situó entre las prioridades de las políticas europeas, y en ese marco publicó el denominado Libro Verde para la RSC, que sentó las bases del crecimiento sostenible.
En España, fue en 2008 cuando se creó el Consejo Estatal de la Responsabilidad Social Empresarial, mediante el Real Decreto 221/2008, y en 2011 se aprobó la Ley de Economía Sostenible, que dedica una parte a la Responsabilidad Social de las Empresas. La relevancia que ha alcanzado en los últimos años la RSC ha contribuido a que cada vez más organizaciones la incorporen a sus políticas y estrategias, destacando especialmente iniciativas relacionadas con la calidad del empleo y del trabajo, con particular atención a las medidas que facilitan la conciliación entre vida familiar y laboral; la contratación de personas en desventaja social; o también la incorporación al valor económico del producto o servicio de una utilidad social explícita.
Así pues, tal como se entiende hoy día de forma mayoritaria, la RSC incluye desde la acción social, al buen gobierno, pasando por la transparencia, políticas laborales, relaciones con proveedores, el desarrollo sostenible y la ética en la gestión. Alude directamente a cómo se lleva a cabo el desarrollo de la actividad diaria en la interacción con accionistas, clientes, trabajadores y proveedores, aunque su alcance va más allá, al considerar la responsabilidad de la organización ante la sociedad.
Se puede afirmar que el concepto de responsabilidad social corporativa está íntimamente ligado con el concepto de desarrollo sostenible. La definición más aceptada de desarrollo sostenible es la adoptada por la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, de la Naciones Unidas, en el informe “Nuestro Futuro Común”, más conocido como “Informe Brundtland”, en el que se define como “el desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente, sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”.
De conformidad con el informe de la Comisión Mundial, la Asamblea General convocó, en 1992, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (también conocida como la “Conferencia de Río” o la “Cumbre de la Tierra”), la cual aprobó, entre otras cosas, el Programa 21, un programa de acción mundial para promover el desarrollo sostenible. En 2002, la Asamblea General convocó la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible (también conocida como “Río + 10”). Esta Cumbre Mundial incluyó una Declaración, en la cual los estados miembros asumieron la responsabilidad colectiva de promover y fortalecer el desarrollo económico, el desarrollo social y la protección ambiental, pilares interdependientes y sinérgicos del desarrollo sostenible. Así, en esta Cumbre se completó la definición de Desarrollo Sostenible para englobar la sostenibilidad social, la sostenibilidad económica y la sostenibilidad medioambiental.
Autores: Pepa Catalá Goyanes. Ingeniera industrial y doctora por la UMH
Ignacio Mira Solves. Director de la Cátedra
